Un año más nos encontramos ante un 28 de junio donde nos queda mucho que batallar en materia de derechos. La situación de las personas LGTBI y los derechos alcanzados décadas atrás se ven amenazados ante las políticas neoliberales de los últimos años.
El gobierno ha separado los tratamientos de reproducción asistida del sistema público, impidiendo el acceso a éste a las mujeres con menos recursos económicos, convirtiéndose la maternidad en un bien de lujo (los tratamientos privados pueden llegar a costar entre 2000 y 8000 euros), y que tampoco permite el acceso a solteras, lesbianas o bisexuales.
Asistimos a una coyuntura en que se nos obliga a las mujeres a parir, mientras que a otras se les arrebata el deseo de ser madres. Tan malo es una cosa como la otra. El sistema busca la manera de controlar el cuerpo de las mujeres y deja bien claro que no vale cualquier manera de reproducirse. Construir una familia, al margen de un varón heterosexual, supone una alteración del orden y una de las principales amenazadas al patriarcado: mujeres que tienen hijos sin hombres, adiós al papel del macho dominante.
En cuanto a los derechos laborales se refiere, el acoso es otro de los problemas a los que debe hacer frente el movimiento LGTBI. La reforma laboral no tuvo en cuenta la discriminación en los lugares de trabajo, ni que un 68% de personas sienta que puede ser más visible entre sus amistades que en su entorno laboral, o que un 60% declare haber vivido algún tipo de discriminación en el trabajo en los últimos años.
Lo mismo sucede con el acoso escolar. La discriminación por orientación sexual sigue instalada en la mayoría de las aulas, y la LOMCE no ha querido reparar en ello. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa ha pretendido seguir estableciendo un modelo normativo de sexualidad, dividiendo las aulas en niños y en niñas y sin tener en cuenta la diversidad cultural y sexual. Esto solo puede llevar a las personas más jóvenes a situaciones de aislamiento, estigmatización y exclusión social. Por ello, desde la UJCE trabajamos por una educación inclusiva que aborde todos los casos de violencia en el sistema educativo que sufren las y los adolescentes LGTBI.
Todas estas situaciones hacen necesario seguir defendiendo otros derechos como la despatologización de las identidades trans y de la intersexualidad. La transexualidad no es una enfermedad. La enfermedad es la transfobia y el odio a lo diferente. Desde la Unión de Juventudes Comunistas exigimos que se lleve a cabo la desclasificación de la transexualidad de los manuales psiquiátricos, junto con la retirada de la consideración de “disforia de género” de la Ley de Identidad de Género actual. Reivindicamos también la eliminación de la obligatoriedad de los tratamientos médicos y psicológicos sin perjuicio de la cobertura pública y gratuita a través del Sistema Nacional de Salud, sin restricciones para las personas migrantes, porque la sanidad pública es la única que puede garantizar la igualdad y calidad de este derecho.
Desde la UJCE hacemos un llamamiento a la rebeldía. No podemos consentir que siga avanzando el discurso andrógino, patriarcal y homófobo establecidos. Reivindicamos un orgullo de clase, anticapitalista y que se oponga a la mercantilización de los cuerpos y de las sexualidades. Con esto no nos oponemos a las posibles celebraciones festivas, pero hablamos de estar más indignadas que nunca a la hora de salir a las calles y de romper con lo establecido. Queremos un orgullo no instrumentalizado por los intereses empresariales, porque creemos que los derechos LGTBI no son un negocio lucrativo. Este 28 de junio vamos a sacar los dientes contra un sistema que quiere oprimirnos, explotarnos y robarnos. Este 28 de junio lo tenemos claro: orgullo y rebeldía.
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